Cuando el alemán Wolfgang Müller fue encarcelado en 1966 por robar un caballo con la intención de huir de Chile hacia Argentina, nadie le creyó el argumento de que lo hacía para escapar de una secta nazi ubicada en la comuna de Parral, a unos trescientos kilómetros de Santiago. Mucho menos cuando dijo su nombre: Villa Baviera, también conocida como Colonia Dignidad. 

Cinco años antes de aquella huida desesperada, Müller fue uno de los más de doscientos alemanes que llegaron a Chile para fundar la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Allí desarrollaron un modelo de sociedad comunal que pronto se ganó la simpatía y la admiración de los ciudadanos de Parral a los que suministraron asistencia médica y educación gratuita. Sin duda, una labor fundamental para una región por aquel entonces subdesarrollada, hasta el punto de recibir el reconocimiento y beneficios fiscales por parte de las administraciones públicas. Un entorno idílico construido sobre los cimientos de la mejor y más eficiente disciplina alemana capaz incluso de mantenerse ajeno a las convulsiones políticas del país, incluida la asonada militar que terminó con el gobierno democrático de Salvador Allende en 1973.

Müller fue el primero en explicar al mundo (después de tres intentos de huida fallidos), que, en realidad, Colonia Dignidad no era más que un decorado de 14.000 hectáreas destinado a satisfacer las perversiones pedófilas de su fundador: Paul Schäfer, antiguo miembro de las juventudes hitlerianas huido de Alemania tras la segunda guerra mundial por diversos escándalos sexuales con menores. El velo solidario que dejaba ver ante la sociedad y las instituciones chilenas le sirvió para pasar desapercibido durante los primeros años; la llegada de la dictadura no hizo sino potenciar la privacidad ideal para continuar con las sodomizaciones. Todo gracias a los vínculos de Schäfer con la cúpula militar chilena, especialmente con el Mamo Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet. La connivencia con las élites político-militares terminaron por engrasar aquella maquinaria pedófila donde las relaciones sexuales estaban prohibidas excepto para Schäfer y donde los hijos eran separados de los padres para garantizar su silencio, entre otras atrocidades. A cambio, Colonia Dignidad pasó a formar parte de la red de centros de represión de la DINA aprovechándose de sus dinámicas carcelarias para realizar los interrogatorios, torturas y la desaparición forzosa de disidentes. Y así fue durante años.

El final de la dictadura en 1990 volvió a activar la división de poderes en Chile y revitalizó los mecanismos de la sociedad civil. Con todo, Schäfer prolongó su régimen pedófilo siete años debido a una transición democrática que, aunque desde fuera se califica como ejemplar, seguía ralentizando la acción de la justicia. Algo que sólo se pudo hacer con la pasividad de las élites políticas, tal y como denuncian todavía hoy las organizaciones chilenas en pro de los derechos humanos y la reparación para las víctimas de la dictadura. Entre ellas, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD), formada por supervivientes del enclave alemán, familiares de detenidos y desaparecidos, abogados y activistas.

En sus reivindicaciones, un elemento fundamental: el acceso a la documentación y archivos públicos sin los cuales no se podría respaldar y corroborar la calidad de las víctimas. Una conexión entre sociedad civil y las instituciones interrumpida durante la dictadura. “Gracias a nuestro aporte documental, numerosas víctimas pudieron ser calificadas como tales, dignificadas y reparadas“, explican a Iberoamérica Humana desde la Fundación Vicaría de la Solidaridad, una de las instituciones del país que desde 1992 se encarga de preservar y administrar el patrimonio cultural de miles de documentos vinculados a las violaciones de derechos humanos para ponerlos al servicio de abogados y jueces, particulares y organizaciones (entre ellas Colonia Dignidad).

En los últimos cinco años, la Fundación ha respondido ante los diferentes tribunales del país con un total de 1572 oficios por 2215 víctimas. Una labor que en 2011 recibió el apoyo financiero del Programa Iberoamericano IberArchivos (ADAI).Para nosotros significó continuar con la digitalización de nuestras colecciones. Todo aporte es poco“, remarcan desde la Fundación ante el reto de dar respuesta a las diferentes Comisiones de la Verdad. En especial la vinculada a delitos de prisión política y tortura, más conocida como Comisión Valech (I y II), la cual contabiliza un total de 41470 víctimas graves de violaciones de derechos humanos entre las que se incluyen 3216 desaparecidos y ejecutados y 38254 víctimas de prisión política y tortura. Entre estos últimos, antiguos miembros del enclave alemán, quienes exigen -en materia documental-, el acceso total a los archivos por parte de jueces, establecer mejores mecanismos de acceso público y aprobar una ley que evite la destrucción impune de pruebas por parte de las Fuerzas Armadas de Chile, entre otras medidas.

Paul Schäfer huyó de Colonia Dignidad en 1997 y capturado en 2005 por la Interpol en territorio argentino. Fue trasladado a Chile donde cumplió condena por violaciones y abusos deshonestos hasta el mismo día de su muerte en abril de 2010. Colonia Dignidad, sin embargo, todavía hoy es la historia de una búsqueda donde los archivos y la documentación son los únicos puentes capaces de unir la identidad y la memoria de aquellos que fueron ultrajados. Una batalla cruel entre el pasado y el olvido ejemplificada por Wolfgang Müller, quien tras quedar a salvo en Alemania creó la Fundación Flügelschlag para asesorar a los fugados de la Colonia, no sin antes borrar simbólicamente la tragedia de su infancia adoptando como principal apellido el de su esposa. Hoy se le conoce como Wolfgang Kneese y es un ejemplo más de la reparación a la que aspiran miles de represaliados chilenos.

José Albil | @Ortizalbil

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